ACCESO A LA INFORMACION, PARTICIPACION PUBLICA Y ACCESO A LA JUST ICIA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE: DIEZ AÑOS DEL CONVENIO DE AARHUS (En papel)

ANTONI PIGRAU I SOLE, ATELIER LIBROS, S.A., 2008
ISBN 9788496758803

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Datos del libro

Nº de páginas: 404 págs.
Editorial: ATELIER LIBROS, S.A.
Lengua: ESPAÑOL
Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9788496758803
Año edicón: 2008
Plaza de edición: BARCELONA

Sinopsis

Dir., Antoni Pigrau Solé

La participación de los ciudadanos en la defensa del medio ambiente en cuanto bien jurídico colectivo constituye un elemento crucial para hacer efectivos el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y el deber de conservarlo consagrados por la Constitución Española. La definición jurídica de esta participación y su instrumentación a través de mecanismos legales que la hagan real y efectiva constituyen en la actualidad uno de los ámbitos en los que con mayor intensidad ha evolucionado el Derecho ambiental. En esta línea, debe situarse la aprobación de Ley 27/2006, de 18 de julio, reguladora de los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que supone un paso muy importante hacia la democracia ambiental. Esta Ley define, en nuestro ordenamiento, el marco jurídico que responde a los compromisos asumidos con la ratificación del Convenio de Aarhus, de 25 de junio de 1998; y las Directivas europeas 2003/4/CE y 2003/35/CE. A través de la articulación de los tres pilares de información, participación y justicia, pone las bases para un cambio de paradigma en la actuación de los poderes públicos en este ámbito, con actitudes más transparentes y más participativas. El análisis y la configuración de estos derechos constituye el objeto central de esta obra, que pretende ser un instrumento útil para los operadores jurídicos y una herramienta de difusión de los derechos de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia, tanto para la ciudadanía y las organizaciones ambientales como para las propias autoridades públicas encargadas de su aplicación y los juristas.