La denominada Administración electrónica representa la modernización de la actuación de la Administración pública, basada en las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de mejorar la calidad de sus servicios, reduciendo los tiempos de espera y acercándose al ciudadano, estableciendo nuevos canales de relación, mejorando la productividad y, en definitiva, la eficacia en la prestación de los servicios públicos.
La Administración tributaria española, especialmente la estatal, ha sido pionera y particularmente activa en el desarrollo e implantación de la Administración electrónica en el ámbito tributario. Y en este proceso ha sido y es fundamental la potenciación de los derechos y garantías de los obligados tributarios, pues los riesgos que la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación llevan aparejados deben tener una respuesta clara y contundente por parte del legislador, para neutralizar dichos riesgos e incluso para fomentar y promover su utilización por el mayor número posible de ciudadanos.
Al análisis de estos derechos y garantías se dedica el presente trabajo, estudiando la regulación de la Administración electrónica en la Ley General Tributaria y en la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, así como las principales aplicaciones y manifestaciones de la Administración electrónica tributaria, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico y local.