Las entidades locales siempre han desempeñado un papel preponderante, cuando no exclusivo, en la protección de los miembros de la sociedad más necesitados o desfavorecidos. El impulso dado a los servicios sociales tras la Constitución de 1978 no ha supuesto el pleno reconocimiento de competencias propias a las corporaciones locales, a pesar de ser la Administración más cercana al ciudadano. La Reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía abre otras perspectivas más coherentes sobre las que asentar innovaciones, tanto en la legislación específica sobre servicios sociales como en la futura ley del régimen local andaluz. En esta obra se analizan las competencias y facetas de la Administración local andaluza en relación con los servicios sociales, fundamentalmente bajo el prisma de la legislación autonómica, sin que se haya pretendido alumbrar un manual de servicios sociales. Del carácter propio o delegado de las competencias y de la naturaleza económica de estos servicios se deducen importantes consecuencias en su gestión y régimen financiero. El contenido del servicio se aborda a partir de una concepción amplia que se caracteriza por comprender todas aquellas prestaciones no incluidas en el sistema de la seguridad social. Tales prestaciones están estrechamente relacionadas con los correspondientes centros gestores, cuyas condiciones de homologación permitirán cubrir determinados parámetros de necesidad social. También se tratan las relaciones interadministrativas, sin olvidar las carencias de la financiación autonómica.