De los dos textos que integran esta edición (a la espera del tercer texto europeo), la Constitución de 1978 ha resultado ser el instrumento más afortunado de convivencia pacífica y democrática que nuestro país haya tenido nunca. La Constitución acapara, sin duda, la mayor parte del «sentimiento constitucional» de la ciudadanía y es hoy el referente fundamental de nuestra cultura constitucional y jurídica. Muchos constitucionalistas llevan advirtiendo desde hace bastantes años, sin embargo, que dejarla envejecer sin los necesarios cuidados es un riesgo muy fuerte y lo es especialmente en el contexto del proceso de integración europea. Las reformas constitucionales que fortalezcan la Constitución y permitan renovar su función como centro de nuestro ordenamiento jurídico son cada vez más necesarias.

Esas reformas se han producido ya, por fortuna, en el ámbito estatutario, donde contamos con un nuevo Estatuto, el Estatuto de Andalucía de 2007, que ha supuesto un considerable esfuerzo de puesta al día de la norma fundamental andaluza desde la perspectiva de los importantes cambios que se han producido en el último cuarto de siglo en la sociedad andaluza. Baste mencionar, como ejemplo, que mientras el Estatuto de 1981 no contenía ninguna referencia a Europa, el de 2007 contiene más de cincuenta referencias a Europa o a la Unión Europea. Los doscientos cincuenta artículos del nuevo Estatuto (que suponen más del triple de los que contenía el anterior) incorporan importantes novedades que harán posible un mejor autogobierno de la Comunidad y un avance considerable en los derechos de su ciudadanía.

El Estatuto de Andalucía de 1981, pese a ser una importante referencia para autoridades públicas y para juristas, no establecía una vinculación directa e inmediata con la ciudadanía. De ahí que sus lectores habituales fueran las personas que tenían que trabajar en el ámbito de la Administración con cuestiones competenciales e institucionales. Por el contrario, el Estatuto de 2007 está