La lucha antiterrorista permite que se esté llevando a cabo una reorganización del poder a nivel mundial. En ese nuevo orden los procedimientos de excepción se convierten en la base de un nuevo orden jurídico en el que la administración se otorga los poderes de un magistrado.
En este proceso de globalización, los Estados Unidos ocupan un lugar muy relevante, pues dirigen una estructura política imperial en la que la administración estadounidense tiene el privilegio de determinar la excepción e inscribirla en el Derecho, al tiempo que induce a los demás países a aceptar tal situación y asumirla como propia. De hecho, el gobierno de Estados Unidos puede designar como enemigo a cualquier estadounidense y también a cualquier ciudadano de un Estado con el que no esté en guerra, y gracias a los acuerdos sobre extradición, pueden solicitar que se les entregue cualquier persona que ellos consideren “terrorista”, mantenerlo detenido indefinidamente y juzgarlo ante tribunales de excepción. La lucha antiterrorista adquire un carácter constituyente, ya que modifica el ejercicio de la soberanía interna y externa, induciendo a una solidaridad orgánica entre los diferentes gobiernos respecto a la vigilancia y la represión de sus poblaciones. En este contexto, el “mantenimiento del orden” y “la guerra” acaban confundiéndose, pues las guerras se nos presentan como operaciones policiales y el control de los ciudadanos queda asegurado por procedimientos propios del contra-espionaje.