Estudio sobre Telecomunicaciones y Derecho de Consumo es una obra multidisciplinar que analiza el Derecho de ¡as Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información tras las reformas introducidas por la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información, la Ley 32/2003, General de Telecomunicaciones, e! RD 2296/2004 por el que se aprueba el Reglamento sobre Mercados de Comunicaciones Electrónicas, Acceso a las Redes y Numeración y el RD 424/2005 por e! que se aprueba el Reglamento sobre las Condiciones para la Prestación de Servicios de Comunicaciones Electrónicas, el Servicio Universal y la Protección de los Usuarios.
Bajo la dirección de Ángel Carrasco Perera y siempre desde la peculiar óptica del Derecho del Consumo, diversos profesores de Derecho civil y administrativo analizan el proceso de liberali-zación e instauración de la competencia en el mercado de las telecomunicaciones. Entre otros objetivos, la obra pretende clarificar los criterios de distribución de competencias entre las diveí-sas Administraciones Públicas con atribuciones en materia de consumo, telecomunicaciones y sociedad de la información, asi como exponer el régimen de protección -y en ocasiones, las causas de la desprotección- de los consumidores y usuarios de servicios da comunicaciones electrónicas y otros afines, como los servicios telefónicos de tarificación adicional. Además, analiza el régimen jurídico de los contratos sobre infraestructuras y redes de telecomunicaciones (acceso, interconexión, acceso al bucle de sbonado, coubicación de equipos y uso compartido de infraestructuras} y sus importantes implicaciones y efectos en relación a la protección de los usuarios.
La relevancia de los contenidos, la experiencia de los autores, el rigor técnico y la claridad expositiva convierten a Estudio sobre Telecomunicaciones y Derecho del Consumo en una obra de referencia indispensable para todos aquellos que desarrollan su actividad profesional en el ámbito del consumo, las telecomunicaciones y la sociedad de la información en las Administraciones públicas, el sector empresarial o las asociaciones de consumidores y usuarios.