El 1 de septiembre de 2004 tuvo lugar la entrada en vigor de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Dicha norma contiene una nueva regulación de todos los procedimientos concursales, estableciendo un marco jurídico adaptado a la situación actual del tráfico mercantil, a la que no respondía la anteriro normativa. Por ellos mismo, no se trata de una mera refundición de normas previamente existentes o de ligeras reformas, sino que puede afirmarse, sin temor a exajerar, que la LC viene a establecer un nuevo sistema concursal. Así, frente a la anterior multiplicidad de procedimientos, la LC ha creado un único proceso, denominado concursal, aplicable a todos los deudores, con independencia de que sean o no comerciantes y de la finalidad perseguida.
Una reforma de tanto calado tiene que afectar, necesariamente, a la situación del crédito tributario y de la propia Hacienda Pública frente a los procesos concursales, obligando a adaptar los criterios bajo los que, hasta el momento, se ha venido desarrollando su actuación. El análisis de dichas modificaciones constituye el objeto del presente trabajo.