La situación actual de España, respecto a la inmigración, pasa por un momento muy crítico. De país de emigrantes, se ha convertido, en cuestión de dos décadas, en un país receptor de inmigrantes. Y sin el correspondiente esfuerzo en desarrollar sus infraestructuras sociales, para hacer frente a una realidad que viene determinada por ciclos de fuerte crecimiento económico, una consolidada “economía sumergida”, un envejecimiento de la población, la caída de la natalidad y una salvaje desregulación del mercado laboral.La inmigración es un fenómeno que está modificando nuestra sociedad configurando un cambio demográfico muy rápido y profundo. Así, en España, entre 1991 a 2007, la población inmigrante ha pasado de 350 mil a 4,3 millones de inmigrantes, representando el 9,9% de la población total de nuestro país.La “invasión de las pateras”, representan una cifra casi insignificante respecto a las entradas por otras vías. Pero han servido de “caldo de cultivo” para intensificar las medidas represivas y apremiantes demandas para endurecer, aún más, la normativa sobre entradas y expulsiones. Especialmente a la inmigración del África subsahariana, pero también de América latina, argumentando que nuestro mercado laboral, y nuestra capacidad de acogida están sobresaturadas. Incluso se llegó a decir, que “estas avalanchas masivas de inmigrantes” podrían poner en peligro los recursos para atender las necesidades de nuestra población, y que “hundirían España”. Estas aseveraciones (falsas y contraproducentes) consiguen atemorizar a la ciudadanía, y quedan al descubierto cuando, paralelamente, se abren las puertas a la mano de obra de los diez países de la ampliación, inclusive de los dos que se incorporarán a la UE en enero del 2007, Bulgaria y Rumania (eso sí con una moratoria de 2 años).Por todo lo expuesto anteriormente, el tema de la integración a nive