Las diligencias preliminares constituyen un muy útil instrumento en manos de quien pretende promover un proceso civil, en todos aquellos casos, muy frecuentes en la práctica, en los que se desconoce algún dato necesario para fundamentar la demanda; o bien se desconoce exactamente a quién demandar, o bien se precisa un historial clínico al que no se ha podido tener acceso, o bien se duda si el demandado tiene o no suscrito algún seguro que cubra su responsabilidad civil, o bien se precisan documentos societarios o contables cuya exhibición han denegado los responsables, o, en fin, se necesita conocer de la existencia y contenido de algún documento de índole hereditaria... En estos supuestos, y en muchos otros, las diligencias preliminares constituyen el único cauce para acceder a esa información que evite que el proceso se frustre por no haberse podido someter a la autoridad judicial la totalidad de los extremos relevantes del litigio. Diligencias que, además, en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil han sido extraordinariamente potenciadas, al arbitrarse un conjunto de medidas coercitivas (por ejemplo, la entrada y resgitro en lugares a la búsqueda de documentos) y sancionadoras (por ejemplo, la ficta confessio), que aseguren el éxito de las mismas. La presente obra, que continúa con la nueva colección "Práctica Jurídica", aborda con esta intención eminentemente práctica el análisis de la totalidad de dichas diligencias preiminares, así como su régimen jurídico procesal, desde todas las perspectivas que precisa tener en cuenta el profesional del Derecho. Así, junto a un inicial comentario doctrinal introductorio, donde se da cuenta de los aspectos esenciales de regulación, encontrará el lector esquemas sobre la tramitación de las mismas, y los formularios de los principales trámites escritos en que se desarrollan las tales diligencias, así como también una serie de casos prácticos donde se examinan las cuestiones más problemáticas que suelen surgir en la práctica forense, y, por último, una sintética selección de la normativa leg