Aceptar que la democracia es el peor de los regímenes políticos, exceptuando todos los demás, es admitir su crítica como condición previa. De similar modo, declarar que nuestra democracia es el peor régimen político que los españoles nos hemos dado, si exceptuamos el resto, es reconocer la posibilidad de su mejora, corrigiendo sus deficiencias y reafirmando sus logros.

Sin olvidar los enormes beneficios que la democracia ha supuesto para nuestro país, sería fatuo, por más que despistado, creer que nuestra democracia no tiene problemas, o que éstos son de nimia importancia. El uso de la violencia como instrumento político, la desigualdad de y ante la ley, la progresiva restricción de la libertad individual, la inicua redistribución de la riqueza, la tergiversada representación popular, la conculcada igualdad de oportunidades, la dependencia del Poder Judicial, la confusión entre etnia, nación y estado, la extensa corrupción, la ausencia de criterio moral en la acción política, el control de los gobernantes, o la imposibilidad de exigir su responsabilidad, son algunas de las deficiencias que erosionan la estabilidad del actual régimen democrático español.

Guardados ya las pancartas y estandartes partidarios, liberados los odios y temores, templados las pasiones y sentimientos políticos, tal vez haya llegado la hora de la razón y el discernimiento. Al margen del color del nuevo Ejecutivo (ver Epílogo), estas deficiencias sólo podrán ser corregidas si los ciudadanos recuperamos el ejercicio de la soberanía, si la voluntad general se impone a los intereses particulares.