Pese a la ausencia de atribuciones expresas en materia penal a las instituciones comunitarias, la presente obra se dedica a demostrar que a estas alturas de integración europea no hay duda de la existencia de una auténtica “política criminal europea en materia ambiental”. Además, los diferentes instrumentos que se han venido elaborando en los distintos pilares de la Unión europea -especialmente la última Propuesta de Directiva del Parlamento y del Consejo relativa a la protección del medio ambiente mediante el derecho penal presentada en Bruselas el nueve de febrero de 2007 [COM(2007) 51 final 2007/0022 (COD)]-, suponen incluso un avance en la armonización de infracciones y sanciones penales ambientales de los países miembros. Pese a los avances que estos instrumentos pueden llegar a significar, todo este proceso merece alguna reflexión crítica que lo ayude a avanzar con eficacia, coherencia y respeto a los principios político criminales derivados del Estado de derecho. Por ello el trabajo no elude proponer nuevas perspectivas por las que se considera que debería continuar avanzando la política criminal europea en materia ambiental en los próximos años.