Durante las décadas de 1980 y 1990 los países de América Latina han llevado a cabo un doble proceso de transición. La primera transición permitió que recorriesen el camino desde estados autoritarios hacia regímenes democráticos. La segunda transición ha incluido los procesos de ajuste y las reformas estructurales. Estas dos transiciones han estado pautadas por transformaciones institucionales que han buscado asegurar tanto la gobernabilidad como el rendimiento de las nuevas democracias. La preocupación por mejorar la calidad democrática de los países de la región está asociada a una forma de entender la democracia que supera la visión minimalista y sostiene que ésta sólo se alcanza bajo ciertas condiciones de bienestar y de rendimiento institucional. Esto significa la necesidad de lograr ciertos mínimos en un conjunto de dimensiones que están más allá de los procedimientos. Sin un buen funcionamiento institucional en los países de América Latina será difícil avanzar en el desarrollo de democracias consolidadas. Pero sin la puesta en marcha de políticas que busquen la masiva inclusión de la población a la arena política y a esferas más igualitarias en el acceso a los bienes económicos, educativos, sanitarios, etcétera, la búsqueda de democracias de mayor calidad se verá fuertemente cuestionada; incluso también lo podrá estar la consolidación democrática en muchos de estos países.