Pese a las ambigüedades que pueden observarse en su discurso, el pensamiento político de John Locke sigue siendo uno de los pilares fundamentales de los modernos regímenes democráticos. Si el Primer Tratado es una larga y elaborada refutación de la teoría del derecho divino de los reyes, tal y como fue concebida por sir Robert Filmer, el Segundo Tratado es, en esencia, la gran réplica a la idea hobbesiana del gobierno. Frente al ideal totalitario que Hobbes propone como solución a los excesos de la naturaleza humana abandonada a sus espontáneas inclinaciones, Locke basa el pacto social en la regla de la mayoría. Sólo las leyes pueden ser el alma del Estado; y mientras sigan vigentes, todos por igual habrán de someterse a ellas. El libro aborda temas tan importantes como el origen de la legitimidad de los gobiernos y de la propiedad. Junto a ellos, también se defiende la libertad de cuestionar cualquier pretensión de irrevocabilidad reclamada por el poder vigente. Consiste, pues, la obra en una reafirmación del derecho a la resistencia frente a la autoridad abusiva, en última instancia, del derecho a la revolución. De este modo, el racionalismo político lockeano que da origen al pacto social y a la institución del gobierno civil, es el que también justifica su disolución.