Maria del Mar Caraza Cristín

El presente libro analiza la aplicación que de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, realiza la Cámara de Cuentas de Andalucía. Esta Institucion se encarga de la fiscalizacion de las cuentas del sector publico andaluz, tarea de indiscutible relevancia y repercusion. Dependiente organicamente del Parlamento de Andalucia, la Camara desempeña su funcion controladora con absoluta independencia e imparcialidad. Asimismo, desarrolla un importante conjunto de actividades en el ambito domestico que se sujetan a la legislacion administrativa. Nos hallamos, pues, ante un organo que, no siendo Administracion Publica en sentido estricto, dicta actos materialmente administrativos en cuestiones de personal, contratacion y patrimonio. Pero es mas, no solo se somete a la normativa administrativa en su funcionamiento interno, sino tambien en lo que constituye su funcion tipica, esto es, en el desarrollo de los procedimientos de fiscalizacion. Tambien en esta esfera de su actuacion dicta actos que han de someterse a la Ley 30/1992. Ante este complejo panorama, la autora se ocupa de desentrañar la naturaleza juridica de este organo, de fijar y aclarar las relaciones que mantiene con el resto de los poderes publicos, de analizar todas las funciones que tiene encomendadas, de concretar cual es la normativa aplicable en cada una de ellas y de establecer cual sea el conjunto de actos sujetos a control juridico de este organo precisamente llamado a controlar a los demas. Para la consecucion de esos objetivos ha realizado un minucioso estudio tanto de la regulacion propia de la Camara de Cuentas de Andalucia, como del Tribunal de Cuentas y demas organos de control externo autonomicos. El fruto de esta labor es una obra de gran interes que proporcionara un cabal conocimiento del funcionamiento real de esta Institucion.

Desde la clásica formulación de Hauriou, la responsabilidad administrativa constituye, junto con el contencioso-administrativo, uno de los pilares del Derecho Administrativo, concebido este como un Derecho garantizador que protege al individuo frente a los daños que las Administraciones Publicas puedan causarle como consecuencia de su actividad.