CARLOS GONZALO BUENO

Nuestra Ley de Marcas está dedicada en su integridad a definir el marco jurídico por el que se han de regir los signos distintivos, esto es, las marcas y los nombres comerciales. Y lo hace desde la doble perspectiva de: - tasar los requisitos que debe cumplir un signo para poder empetrar protección de las Administraciones Públicas y de los Tribunales y - describir el alcance y contenido que deba tener esa protección. Este marco jurídico, sin embargo, no es uno y el mismo para todos los signos, sino que tiene una naturaleza dual. En primer término se describe un régimen general u ordinario, al que quedan sometidas las marcas comunes, entendidas éstas como las que carecen de notoriedad o renombre. A ellas están dedicadas la inmensa mayoría de las previsiones contenidas en la Ley de Marcas. Pero junto a ese régimen común, el Legislador ha establecido otro especial que sólo rige para una categoría muy específica de marcas y nombres comerciales, a saber, los que sí que gozan de notoriedad (por ser generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos y servicios) o de renombre (por ser conocidos por el público en general). Por su parte, este régimen especial se caracteriza por una acentuada generosidad, la cual actúa en un doble plano. Por un lado, se relajan los requisitos que ha de cumplir una marca notoria para hacerse merecedora de tutela. Pero la indicada liberalidad también opera (y es aquí donde adquieren su verdadero sentido) en lo referente al alcance de la protección que las marcas notorias y renombradas reciben o, lo que es lo mismo, a las consecuencias jurídicas que se derivan de su titularidad. El análisis detallado de una y otra especialidad constituye el objeto de la presente obra.