Irene Nadal Gómez

El desarrollo del transporte aéreo ha estado unido a lo largo de la historia a la investigación profunda y rigurosa de los accidentes o incidentes aéreos graves. Esta investigación, realizada desde una perspectiva tecnica y conforme al Anexo 13 del Convenio de Chicago, no siempre ha contemplado de manera eficaz su conexion o coordinacion con la Administracion de Justicia, en especial con un eventual proceso penal. En los ultimos años se ha producido un incremento de la criminalizacion de estos sucesos, a pesar de la extraordinaria seguridad alcanzada por este sistema de transporte, en gran medida gracias a estos mecanismos de investigacion tecnicos de accidentes. Ello ha dado lugar a una creciente discusion acerca de como deben ser las relaciones entre dos instrumentos de la sociedad, que si bien persiguen directa o indirectamente el mismo fin, evitar la reiteracion de futuros accidentes, son incompatibles en sus principios y metodos. Dicha coordinacion presenta retos y complejidades de gran trascendencia para la seguridad aerea y para las actuaciones de los profesionales y empresas del sector. El presente trabajo los afronta analizando la normativa y los protocolos de cooperacion alcanzados en otros paises. Ya en España, se proponen actuaciones concretas para la coordinacion de ambas investigaciones. Se analiza tambien el regimen de proteccion de la informacion obtenida en el contexto de dicha investigacion, como es el caso de las grabaciones contenidas en las llamadas cajas negras, y su posible eficacia probatoria una vez incorporada a un eventual proceso penal. Con ello los juristas y profesionales del sector encontraran sin duda material para una reflexion de cara a la proxima revision del Reglamento (UE) 996/2010, de 20 de octubre, sobre investigacion de accidentes e incidentes aereos graves, prevista en el propio texto para diciembre de 2014 y para la elaboracion de Protocolos de coordinacion en España, en cumplimiento de la Disposicion adicional novena de la Ley de Seguridad Aerea.

Edición del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España (2001). La posibilidad de transmisión a un tercero está, en el caso de los inmuebles, estrechamente relacionada con el hecho de que dichos bienes pueden ser objeto de inscripcion en el Registro de la Propiedad. El caracter registrable de los inmuebles trae consigo una serie de consecuencias practicas, que afectan tanto al hecho de la transmision como al desarrollo del proceso de ejecucion. Teniendo en cuenta estas circunstancias se ha elaborado esta monografia, deteniendose por un lado en las especialidades que la ejecucion forzosa de bienes inmuebles suscita; por otro lado, se ha contemplado las diferentes posibilidades de transmision de estos bienes teniendo en cuenta el momento procesal en el que se producen; y para acabar, se ha prestado atencion a la situacion compleja por los sujetos que intervienen y por la incompatibilidad de derechos que surge causada por la inscripcion del autor de adjudicacion o de aprobacion del remate en el Registro, cuando consta inscrita una titularidad de dominio incompatible con el embargo. La nueva Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil ha supuesto un cambio trascendental en todos los ambitos del derecho procesal civil y no lo ha sido menos en el de la ejecucion forzosa. Por ello, en este trabajo se ha tenido en cuenta el que es derecho aplicable desde el 8 de enero de 2001.

Frente a la profusión de obras que analizan desde el punto de vista del Derecho sustantivo la responsabilidad civil derivada del delito, es un hecho constatable el escaso tratamiento procesal recibido por esta materia. El ejercicio de Acciones Civiles en el Proceso Penal es una obra en la que se analizan los problemas procesales asociados la acumulación de acciones civiles en un proceso penal. Dicho análisis parte de la identificación procesal de las acciones que pueden ser acumuladas en un proceso penal, de forma que, una vez alcanzado este objetivo, pueda abordarse con éxito el estudio de las consecuencias procesales de su ejercicio en el proceso penal y en un eventual proceso civil posterior. En este trabajo se ofrecen soluciones a cuestiones de indudable repercusión práctica, como por ejemplo si, ejrcitada la acción ´ex delicto´en un proceso penal, puede ejercitarse la del 1902 del CC ante la jurisdicción civil; o el cómputo de los plazos de prescripción; o si el juez penal es competente para conocer de la acción de nulidad y en qué términos, entre otras.

El desarrollo del transporte aéreo ha estado unido a lo largo de la historia a la investigación profunda y rigurosa de los accidentes o incidentes aéreos graves. Esta investigación, realizada desde una perspectiva tecnica y conforme al Anexo 13 del Convenio de Chicago, no siempre ha contemplado de manera eficaz su conexion o coordinacion con la Administracion de Justicia, en especial con un eventual proceso penal. En los ultimos años se ha producido un incremento de la criminalizacion de estos sucesos, a pesar de la extraordinaria seguridad alcanzada por este sistema de transporte, en gran medida gracias a estos mecanismos de investigacion tecnicos de accidentes. Ello ha dado lugar a una creciente discusion acerca de como deben ser las relaciones entre dos instrumentos de la sociedad, que si bien persiguen directa o indirectamente el mismo fin, evitar la reiteracion de futuros accidentes, son incompatibles en sus principios y metodos. Dicha coordinacion presenta retos y complejidades de gran trascendencia para la seguridad aerea y para las actuaciones de los profesionales y empresas del sector. El presente trabajo los afronta analizando la normativa y los protocolos de cooperacion alcanzados en otros paises. Ya en España, se proponen actuaciones concretas para la coordinacion de ambas investigaciones. Se analiza...