Angel Sánchez Blanco

Participación institucional de las autonomías territoriales y dinámica social en la economía. Encuadernación: Rústica plastificada y cubierta azul.Coeditado con el Servicio de Publicaciones de la Uni

La ignorancia del principio de libre competencia económica por la Constitución Española de 1978, por efecto de la consolidación histórica de las técnicas de intervención pública en la economía, se proyecta en el articulo 128 que, sin reparar en las Comunidades Europeas, incorporo el monopolio como un titulo de intervencion publica, e invalido las previsiones constitucionales sobre los Organos de Regulacion Economica. El fortalecimiento del protagonismo social en la economia y la incorporacion de España a la dinamica institucional de la Union Europea, requiere subsanar estas carencias institucionales y corregir el modelo gubernativo de intervencion publica en la economia. Preciso es, en la necesaria reforma de la Constitucion: explicitar el principio de libre competencia economica e incorporar los Organismos Reguladores como Comisionados Parlamentarios, en garantia de su independencia en la regulacion y supervision economica, y en beneficio de los derechos ciudadanos y de sus expectativas de coherente gestion socioeconomica.

La transformación de un régimen autocrático que durante varios decenios intentó conformar a la sociedad, tiene muy pocas posibilidades de llegar a configurarse como un sistema democrático, las élites del regimen en transformacion y las elites que instan el cambio, propenden a un statu quo en el que la sociedad no es el referente de legitimidad del sistema. La Transicion politica española, con sintesis en la Constitucion de 1978, incorporo este condicionante, agravado por la pervivencia de una legislacion electoral y una desregulacion de los partidos politicos, que identifica el sistema como partitocratico. El cuarenta aniversario de la Constitucion permite apreciar -con la colaboracion de una perversa pandemia- la pervivencia, tambien perversa, del principio de unidad de poder y coordinacion de funciones que fundamento la Ley Organica del Estado de 1967. Este libro incorpora reflexiones y propuestas para consolidar la Constitucion de 1978, mediante la legitimacion social de sus instituciones y la transformacion de la partitocracia en democracia. Esta obra completa el catalogo de Thomson-Reuters Aranzadi.

Analiza la transcendencia social, empresarial e institucional de Internet con base en las comparecencias que han tenido lugar en la Comisión Especial de Redes Informáticas del Senado durante 1998 y 1999, y los desarrollos normativos que se estan produciendo en aplicacion de las previsiones de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, incluida la consideracion de la Iniciativa Estrategica INFO XXI aprobada por el Gobierno de la Nacion.

La preocupación por la necesaria reforma de la Constitución de 1978 justifica la elaboración de este libro. El texto constitucional de 1978 fue generado en una comprometida situación política y económica con la mediacion de un admirable consenso politico y social, que no debiera cosificar su resultado: la Constitucion de 1978. El texto constitucional de 1978 requiere -con el incentivo de la desquiciada fenomenologia de la XV Legislatura que ha bloqueado la etica y la estetica que propicio el consenso- recordar la ausencia de ejercicio de la funcion constitucional de arbitrar y moderar las instituciones del Estado para adecuar la Constitucion de 1978 al nuevo marco social y economico: la consolidacion de las Autonomias Territoriales, el necesario posicionamiento estrategico internacional del Estado, con atencion a las valoraciones de la OCDE, a las evaluaciones de la Comision de Venecia y a la reforma de la preconstitucional legislacion electoral, que desnaturaliza el Congreso y el Senado, en una anomala estructura organizativa -no institucional- con un grave problema: la carencia de una coherente Division de Poderes en el Estado Español o Reino de España.

En esta publicación y, con el término genérico de Procedimiento Administrativo, ha sido sistematizada la producción normativa de la Junta de Andalucía generada en torno a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Este importante texto legal se ofrece en un texto articulado que incorpora las modificaciones de la Ley 4/1999 al texto de la Ley 30/1992, y va acompañado de los Reales Decretos que desarrollan la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, y de los textos normativos que afectan al desarrollo del procedimiento administrativo mediante el uso de los medios electrónicos, informáticos y telemáticos en el ámbito de la Administración General del Estado y de la Junta de Andalucía.

La preocupación por la necesaria reforma de la Constitución de 1978 justifica la elaboración de este libro.El texto constitucional de 1978 fue generado en una comprometida situación política y económica con la mediacion de un admirable consenso politico y social, que no debia cosificar su resultado: la Constitucion de 1978.El texto constitucional de 1978 requiere con el incentivo de la desquiciada fenomenologia de la XV Legislatura que ha bloqueado la etica y la estetica que propicio el consenso recordar la ausencia de ejercicio de la funcion constitucional de arbitrar y moderar las instituciones del Estado para adecuar la Constitucion de 1978 al nuevo marco social y economico: la consolidacion de las Autonomias Territoriales, el necesario posicionamiento estrategico internacional del Estado, con atencion a las valoraciones de la OCDE, a las evaluaciones de la Comision de Venecia ya la reforma de la legislacion electoral preconstitucional, que desnaturaliza el Congreso y el Senado, en una anomala estructura organizativa no institucional con un grave problema: la carencia de una coherente Division de Poderes en el Estado Español o Reino de España.