COMENTARIOS A LA LEY DE EXPROPIACION FORZOSA

La vigente Ley de Expropiación Forzosa de 1954 es la única de las grandes leyes nacidas en los años cincuenta (Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, Ley de Procedimiento Administrativo) que permanece vigente en la actualidad. Ello no evita que parte de su articulado haya sufrido modificaciones y retoques diversos y que la jurisprudencia del Tribunal Supremo haya procedido a la derogación de algunos de sus artículos por contradecir principios constitucionales. Sirva de ejemplo, la abundante doctrina jurisprudencial relativa a artículo 126, en cuanto contiene límites a la fiscalización jurisdiccional.
Además, ciertas reformas recientes, como las determinadas por las vigentes Ley Reguladora de lo Contencioso y Ley del Suelo y Valoraciones, obligan a realizar un nuevo análisis de instituciones y técnicas contenidas en la Ley de Expropiación Forzosa.
La importancia de la materia y la evidencia de que la expropiatoria es una de las potestades administrativas más típicas e importantes ha originado un importante cuerpo doctrinal, con frecuencia más vinculado a posiciones dogmáticas e históricas que a la evolución legislativa y jurisprudencial.
El libro trata de dar una visión actual de los numerosos problemas que la utilización de la potestad expropiatoria determina, recogiendo las más importantes y recientes aportaciones doctrinales, junto con un estudio completo y exhaustivo de la jurisprudencia más actual en la materia. Su redactor ha sido consciente de que las resoluciones judiciales contienen la cristalización de los problemas reales que plantean las instituciones, de tal forma, que sólo se puede conocer la realidad de la expropiación mediante un produndo estudio de las cuestiones que plantea ante los Tribunales. Un simple vistazo a los índices de la jurisprudencia citada en el estudio pone de relieve la enorme actualidad y el carácter práctico de la obra.
El autor reúne condiciones específicas para garantizar una adecuada proporción de las preocupaciones teóricas y prácticas. Su condición de profesor universitario es acompañada por la de Administrador Superior del Estado, habiendo realizado, además, durante varios años, funciones de Magistrado en la Sala de lo Con