PROCESO COMO GARANTÍA

De entre las múltiples funciones que está llamado a desempeñar el proceso judicial, la de operar como garantía de los derechos y las libertades que las leyes reconocen a los ciudadanos se convierte en la clave de bóveda del Estado de Derecho.Así, el proceso se erige frente al propio Estado como mecanismo que le autolimita contra un uso desproporcionado de sus facultades garantizando a la ciudadanía una actuación pública sometida a los mandatos constitucionales. Garantiza asimismo la defensa de los propios intereses desde una posición de igualdad entre las partes que se resolverá conforme a las previsiones normativas y a partir del respeto a unos estándares probatorios que evitarán la arbitrariedad. Y será, precisamente, ese fin último de aplicar la Ley al caso concreto, el que, en los Estados democráticos, convierte al proceso en el garante, también, de la propia división de poderes sobre la que se asientan