REFORMA DE LA JUBILACION

De todos los riesgos cubiertos por la Seguridad Social, el más importante, con mucho, es el de vejez, que constituye la médula espinal de cualquier sistema de protección social. Y ello, porque se trata de una contingencia caracterizada por la frecuencia de su cristalización, al constituir el término previsible y normal de la vida profesional del individuo, de ahí la importante dependencia de las estructuras demográficas de cada país y de los fenómenos que inciden sobre aquéllas. La característica referida viene agravada por el progresivo aumento de la esperanza de vida de la población, lo que deriva en el creciente disfrute temporal de la pensión. La ordenación jurídica de la jubilación gira en torno al establecimiento de una edad fija o variable que articula el tránsito de la situación de activo a la situación de pensionista de jubilación. La edad se convierte así, en la llave maestra del sistema y adquiere por tanto connotaciones de especial relevancia. La singularidad de los tiempos actuales - en su proyección para un futuro próximo- está en que múltiples piezas del entramado global se han desencajado afectando al equilibrio del sistema y, por tanto, a su viabilidad. En este escenario de futuro pretende impactar la Ley 27/2011, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de seguridad social. La reforma inició su andadura legislativa en un claro escenario de consenso político y social. En efecto, el proyecto de reforma estuvo precedido por la renovación del Pacto de Toledo y la firma del Acuerdo Social y Económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones, suscrito por el Gobierno, la CEOE, CEPYME, CCOO y la UGT, retomando así el escenario de consenso que propició la reforma del 2007 en materia de seguridad social. (...)