TERRORISMO Y DERECHOS FUNDAMENTALES

Es incuestionable que el Estado constitucional es responsable de la seguridad de sus ciudadanos. Y tampoco cabe ninguna duda de que, en momentos de graves amanzanas contra esta seguridad, como en el caso de los ataques terroristas, puede resultar admisible que el poder del Estado adopte otras medidas. Sin embargo, al mismo tiempo tenemos que tener cuidado de que la combinación de la histeria ante situaciones excepcionales con la necesidad de una seguridad total no abra de par en par todas las compuertas constitucionales, lo que modificaría también el carácter de la sociedad liberal de forma imperceptible, pero fundamental. ¿Cómo podemos mantener este equilibrio? Al mismo tiempo, esta percepción de la seguridad exige una reflexión crítica, con el fin de no perder la conexión con las situaciones reales. A este respecto, el Estado que garantiza la seguridad depende de un funcionamiento público democrático que "purifique" la necesidad de seguridad de los ciudadanos y nos salvaguarde de ser presas del pánico y de la histeria. El derecho, por sí solo, no nos lo puede proporcionar; sólo puede garantizar que va a continuar siendo posible un debate público libre y diferenciado.