ANTONI PIGRAU I SOLE

La progresiva degradación del medio ambiente constituye uno de los grandes retos de nuestra sociedad contemporánea. Procesos como la deforestación, la desertización, el calentamiento del planeta como consecuencia de los gases de efecto invernadero, los niveles de contaminacion del agua, aire, tierra y seres vivos son algunos de los grandes trastornos en el equilibrio ecologico entre los modelos de produccion y consumo insostenibles y la proteccion del medio ambiente. Las consecuencias de este deterioro ambiental ponen en voz de alarma el bienestar y la subsistencia misma del ser humano.

Las constituciones de Ecuador (2008) y Bolivia (2009) propugnan un cambio en la relación entre la sociedad y la naturaleza y, con ello, un modelo de desarrollo que, aparentemente, intenta superar las limitaciones del modelo politico y economico dominante, en crisis, entre otras cosas, por los efectos de la accion humana sobre el medio ambiente. Este libro se explica por el gran interes que estos textos suscitan y merecen y aporta, desde un enfoque de critica constructiva, un conjunto de elementos de estudio tanto de sus fundamentos culturales y politicos como de las posibilidades reales que estos textos ofrecen, prestando una especial atencion al tratamiento que otorgan a los pueblos indigenas y al medio ambiente.

Los derechos de acceso a la información en materia ambiental, de participación en la toma de decisiones y de acceso a la justicia, son básicos para hacer efectiva la justicia ambiental. Este libro presenta, a traves de las contribuciones de abogados y academicos de distintos paises, españoles y latinoamericanos, un analisis de los obstaculos que encuentran las victimas de daños ambientales para acceder a la justicia y para obtener una reparacion. Las presentaciones por paises, relativas a Chile, Costa Rica, Argentina, Panama, Mexico y Ecuador se completan con uno de los casos, relativo a Brasil, que se han llevado al sistema interamericano de derechos humanos y con otras sobre el caso español y la situacion de las vias extraterritoriales de acceso a la justicia en los paises de la Union Europea. La obra es el resultado de una iniciativa conjunta de la Asociacion Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y del Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona (CEDAT), de la Universidad Rovira i Virgili, con el apoyo de la Red de Abogados para la Defensa Ambiental (RADA). - See more at: http://www.tirant.com/editorial/ebook/el-acceso-a-la-justicia-de-las-victimas-de-danos-ambientales-antoni-pigrau-sole-9788490537381#sthash.VQv9r1E1.dpuf

Dir., Antoni Pigrau Solé La participación de los ciudadanos en la defensa del medio ambiente en cuanto bien jurídico colectivo constituye un elemento crucial para hacer efectivos el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y el deber de conservarlo consagrados por la Constitucion Española. La definicion juridica de esta participacion y su instrumentacion a traves de mecanismos legales que la hagan real y efectiva constituyen en la actualidad uno de los ambitos en los que con mayor intensidad ha evolucionado el Derecho ambiental. En esta linea, debe situarse la aprobacion de Ley 27/2006, de 18 de julio, reguladora de los derechos de acceso a la informacion, de participacion publica y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que supone un paso muy importante hacia la democracia ambiental. Esta Ley define, en nuestro ordenamiento, el marco juridico que responde a los compromisos asumidos con la ratificacion del Convenio de Aarhus, de 25 de junio de 1998; y las Directivas europeas 2003/4/CE y 2003/35/CE. A traves de la articulacion de los tres pilares de informacion, participacion y justicia, pone las bases para un cambio de paradigma en la actuacion de los poderes publicos en este ambito, con actitudes mas transparentes y mas participativas. El analisis y la configuracion de estos derechos constituye el objeto central de esta obra, que pretende ser un instrumento util para los operadores juridicos y una herramienta de difusion de los derechos de acceso a la informacion, participacion publica y acceso a la justicia, tanto para la ciudadania y las organizaciones ambientales como para las propias autoridades publicas encargadas de su aplicacion y los juristas.