Jesús González Pérez

Acaba de aparecer una nueva edición, la séptima, de los Comentarios a la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa, de Jesús González Pérez. El texto primitivo ha sido objeto de una revisión tan meticulosa que, realmente estamos, ante un libro nuevo.Los Comentarios eran criticos, excesivamente criticos con la Ley comentada. Como excesivos habian sido los elogios a la incidencia de la Constitucion de 1.978 en la Justicia administrativa y excesivos los defectos que muchos veian en la Ley de 1.996.La confrontacion al comentar cada articulo de la Ley con el correlativo de la anterior y la referencia a la jurisprudencia interpretativa de una y otra venia obligada por el caracter practico de la obra, ya que durante el largo periodo de transitoriedad, impuesto por la lentitud de la Justicia, ibamos a tener que aplicar ambas.En las ediciones sucesivas, se fueron eliminando las referencias a la Ley anterior y la critica fue reducida a sus justos limites. La referencia a la jurisprudencia ha sido objeto de importantes modificaciones en cada edicion. Por un lado, se ha eliminado toda la que iba perdiendo vigencia. Y la referencia a las que se iban dictando cada vez era mas selectiva, reduciendo la transcripcion de los textos, salvo las mas significativas a titulo de ejemplo y las mas recientes en los puntos indispensables para llegar al sentido de la norma. Si al preparar la sexta edicion habian sido muchas las modificaciones introducidas en la Ley, al continuar y hasta aumentar las innovaciones, algunas tan importantes como las impuestas por la Ley 37/2011 de 10 de octubre, la preparacion de esta ha exigido un mayor esfuerzo para evitar omisiones y poder ofrecer unos comentarios que sean realmente los del Ordenamiento vigente regulador del proceso administrativo, en los que el lector encuentre respuesta a todas las cuestiones que cada articulo plantea, las opiniones de la doctrina mas cualificada y de jurisprudencial al dia que permita llegar a su sentido y alcance.

En pocas materias se han producido tantos procesos como en la de responsabilidad patrimonial de la Administración pública. Aunque la jurisprudencia ha sido en general prudente, al aplicar un Ordenamiento con el español sin parangon en el Derecho comparado, ante los categoricos terminos de la Ley, no tuvo mas remedio que acabar por proyectar en sus decisiones sus preceptos.En esta situacion, es imprescindible para todos aquellos que vienen obligados a aplicar esta normativa comun conocer hasta donde ha llegado la jurisprudencia, al decidir cada caso concreto y los criterios seguidos, frecuentemente cambiantes. Lo que supone seguir dia a dia las sentencias que dictan nuestros Tribunales de lo contencioso-administrativo, y la reaccion de la doctrina ante ellas.Esta obra, que ahora alcanza su sexta edicion, ha tratado desde un principio facilitar aquella tarea. Por eso es un trabajo elaborado sobre la jurisprudencia, y estructurado en un sistema que permita el mas facil acceso al tratamiento que en ella se da a la cuestion que en cada caso se nos plantea.Desde 2010, fecha en que aparecio la edicion anterior, son muchas las sentencias dictadas desde entonces, unas reiterando doctrina ya consolidada, y algunas innovadoras. Jesus Gonzalez Perez ha procurado recoger todas las publicadas hasta el momento de cerrar la edicion, las ultimas al corregir las pruebas, mas o menos resumidas y a veces literalmente las de mayor trascendencia, eliminando buena parte de las anteriores, no caracteristicas, que no tenia sentido mantener en el texto.Tambien han aparecido en este ultimo año obras importantes o ediciones innovadoras de otras anteriores, que han sido contratadas como las del autor, a fin de que el lector pueda tener idea lo mas completa posible del panorama actual de la doctrina.

Acaba de aparecer una nueva edición, la sexta, de los Comentarios a la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa, de Jesús González Pérez. El texto primitivo ha sido objeto de una revisión tan meticulosa que, realmente estamos ante un libro nuevo. Los Comentarios eran criticos, excesivamente criticos con la Ley comentada. Como excesivos habian sido los elogios a la incidencia de la Constitucion de 1.978 en la Justicia administrativa y excesivos los defectos que muchos veian en la Ley de 1.996. La confrontacion al comentar cada articulo de la Ley con el correlativo de la anterior y la referencia a la jurisprudencia interpretativa de una y otra venia obligada por el caracter practico de la obra, ya que durante el largo periodo de transitoriedad, impuesto por la lentitud de la Justicia, ibamos a tener que aplicar ambas. En las ediciones sucesivas, se fueron eliminando las referencias a la Ley anterior y la critica fue reducida a sus justos limites. La referencia a la jurisprudencia fue objeto de importantes modificaciones en cada edicion. Por un lado, se iba eliminando toda la que iba perdiendo vigencia. Y la referencia a las que se iban dictando cada vez era mas selectiva. Aunque el texto siempre permite que al acudir a cada articulo, puedan conocerse todas las corrientes doctrinales, se ha reducido la transcripcion de los textos de las sentencias, salvo las mas significativas a titulo de ejemplo y las mas recientes en los puntos indispensables para llegar al sentido de la norma. Desde la edicion anterior han tenido lugar muchas e importantes modificaciones en la Ley, no solo por la implantacion de la oficina judicial, sino por Leyes promulgadas en el año 2010, como la LO de 10 de febrero, que añade la letra d) del art. 3, la Ley de 5 de julio de medidas contra la morosidad en las operaciones comerciales y la de 5 de agosto de modificacion de la legislacion de contratos del sector publico. Lo que ha obligado a una cuidada revision. Aunque se mantiene la estructura de unos Comentarios legislativos, se tiene muy en cuenta que los articulos que se comentan integran un sistema, limitandose su encuadramiento conceptual, a facilitar la labor del practico. Solo asi ha sido posible en la mitad de paginas que la edicion anterior ofrecer unos Comentarios mas completos de la legislacion vigente. Al accederse al texto actual de cada articulo el lector encontrara menos historia, menos criticas, nada de jurisprudencia inutil; pero mas respuesta a las cuestiones que plantean y la jurisprudencia al dia que permite llegar a su sentido y alcance.

Este «Código de la Justicia Administrativa», no es sólo un intento de sistematizar unitariamente la multiplicidad de disposiciones que regulan los diversos procedimientos de distinta naturaleza que t

La tutela judicial efectiva del ejercicio de los derechos e intereses legítimos, que constituye uno de los derechos que reconoce a todas las personas la Constitución, sólo será posible si se confía a Jueces que, ademas de imparciales e independientes, tengan la forma-cion adecuada. De aqui que el problema de la seleccion haya constituido siempre una de las preocupaciones de los Poderes publicos.Hoy el problema ha adquirido importancia capital. Porque uno de los defectos de que adolece la Administracion de Justicia es el de la enorme lentitud de los procesos. Y para superar esta situacion, es necesaria la creacion de nuevos organos judiciales, lo que obliga a multiplicar -y multiplicar considerablemente- el numero de los Jueces. Y los Jueces no se improvisan.Jesus Gonzalez Perez aborda en este trabajo la cuestion. Partiendo del Pacto de Esta-do sobre la Reforma de la Justicia, a que llegaron los partidos mayoritarios, examina con la maxima objetividad la reglamentacion vigente y la reforma que se propone llevar a cabo, a fin de verificar hasta que punto responde a las exigencias para que en el futuro la funcion de los Jueces tenga la especialidad requerida al impartir justicia en cada uno de los distintos ordenes judiciales.

Los Estatutos de las Comunidades Autónomas han asumido, de conformidad al artículo 148.1.3ª de la Constitución, la competencia en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. Una multitud de disposiciones autonomicas, casi permanentemente renovadas en muchos de sus preceptos, rigen en el territorio de cada Comunidad Autonoma en esta materia, a veces con importantes diferencias entre si. Resta todavia el Derecho urbanistico estatal que rige en las Ciudades Autonomas de Ceuta y Melilla. Sin embargo, el Estado no ha quedado privado de toda competencia que incida en esos ambitos. Por el contrario, en virtud de algunas potestades que le atribuye en exclusiva el articulo 149.1 del Texto constitucional, debe inexorablemente establecer, por normas con rango de Ley, las condiciones basicas de la igualdad de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales, de la planificacion general de la actividad economica y de la proteccion del medio ambiente en cuanto inciden sobre la ordenacion territorial y urbanistica.

Esta quinta edición es una nueva obra., en los cinco años transcurridos dese la edición precedente, los cambios legislativos, no sólo no han cesado, sino han aumentado hasta por leyes orgánicas, como la LO 19/2003, de 23 de diciembre de reforma de la LOPJ, que tanto afectó a la estructura orgánica y a la competencia de los órganos de este orden jurisdiccional, hasta las mas recientes de 21 de noviembre de 2006 (LO 7/2006) de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte y la de 22 de marzo de 2007 (LO 3/2007) de igualdad efectiva de hombres y mujeres. Al hacer esta quinta edición, podemos decir que, a pesar de la lentitud de la Justicia, ya no quedan procesos a los que se aplique la Ley de 1956, por lo que la jurisprudencia a ellos referida se ha eliminado, salvo la que pueda servir de antecedente para explicar las dudas de algún precepto nuevo. Ahora bien, ante el impresionante número de sentencias, ha sido necesario hacer una rigurosa reducción, reproduciéndose el texto de la parte de ellas que tiene especial relevancia, enumerando las que reiteran doctrina anterior. Y como las modificaciones legislativas, como indiqué, han seguido produciéndose, ha sido necesario distinguir ente la jurisprudencia referida a cada uno de los textos modificados.

El Decreto-Ley que aprueba el texto refundido, ha cumplido correctamente la delegación que en el Gobierno hacia la disposición final segunda de la Ley 8/2007, de 28 de mayo de suelo. Sin rebasar sus limites, ha refundido el texto de la nueva ley y los preceptos del texto refundido que declaraba vigentes, aclarando, regularizando y armonizando la terminologia de ambos. Por lo que, al elaborar esta nueva edicion nos hemos visto obligados a extender considerablemente nuestros comentarios a aspectos tan importantes de la Ordenacion del suelo que aquella no contemplaba, como son todos los del Titulo VI que no contenia la Ley 8/2007. Por otro lado, la entrada en vigor de la ley que ahora se refunde dio lugar, como siempre suele ocurrir ante Leyes de tanta trascendencia, a una rica bibliografia que se ha tenido en cuenta en cuenta, al mismo tiempo que las Comunidades autonomas han seguido promulgando disposiciones de distinto rango -algunas, importantes Leyes generales- sobre ordenacion territorial y urbanistica. Esta nueva edicion nos ha permitido contrastar nuestra opinion con los autores de tantos trabajos -lo que hemos reflejado en el texto- y actualizar las referencias que continuamente se hace a la normativa autonomica.

Esta edición –al igual que lo fueron la 2ª (de 1999) y la 3ª (de 2003-2004) en relación con las que, respectivamente, le precedieron- ha sido actualizada y renovada en múltiples aspectos, algunos de

El artículo 47 de la Constitución reconoce a los españoles del derecho a disfrutar de una vivienda digna. Lo que no supone en modo alguno que el ciudadano tenga una acción para exigir del Estado ni de ningún otro ente público que la ponga materialmente en el uso y disfrute de una vivienda que reúna unas condiciones mínimas que hagan posible una vida digna. El utópico Estado de bienestar no se atreve a tanto. Por ello el artículo de la Constitu¬ción, después de tan solemne declaración, añade: los poderes públicos promoverán las con¬diciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. A lo que están compelidos los poderes públicos es, por tanto, a promover las condiciones nece¬sarias para que todo español -y hay que suponer que también los inmigrantes que llegan a nuestro suelo- pueden disfrutar de una vivienda digna. Lo que se traducirá en legislación y acción administrativa adecuada para la realización de estos fines. González Pérez nos ofrece en este trabajo una síntesis de la normativa que el texto refundido de la Ley del Suelo dedica a hacer efectivo el "derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada", que es el primero de los que reconoce su art. 4° a todos los ciudadanos en las distintas fases del proceso urbanístico. En la de planeamiento, las que tratan de que se ordene suelo suficiente para uso resi¬dencial, con las reservas impuestas para viviendas sujetas a un régimen de protección públi¬ca; en la de ejecución de planeamiento, las cargas y obligaciones del promotor a fin de que el suelo urbanizado cumpla unos estándares urbanísticos que haga posible la vida en un medio ambiente y pasaje adecuados, y en la fase de edificación para que la construcción destinada a vivienda reúna las condiciones de funcionalidad, seguridad y habitabilidad exigidas por la legislación sobre edificación, se mantengan durante la vida de la edificación y en caso de extinción producida por la acción

CAPITULO PRIMERO. el procedimiento administrativo y su ordenamiento regulador: la actuación de las administraciones públicas y el procedimiento administrativo; el ordenamiento regulador del procedimiento administrativo; los principios del procedimiento administrativo.CAPITULO SEGUNDO. los sujetos del procedimiento administrativo: la administracion publica; los interesados.CAPITULO TERCERO. el objeto del procedimiento administrativo: nociones generales; unidad de objeto; incidentes; pluralidad de objetos.CAPITULO CUARTO. los actos: actos de las administraciones publicas; invalidez de los actos administrativos; actos de los interesados.CAPITULO QUINTO. el procedimiento: iniciacion del procedimiento; desarrollo del procedimiento.CAPITULO SEXTO. 1. efectos de la actuacion administrativa: nociones generales; efectos en las relaciones juridico-administrativas; efectos en las relaciones juridicas no administrativas.2. efectos normales respecto de la administracion publica: responsabilidad patrimonial de la administracion publica; requisitos; procedimiento; efectos.3. efectos anormales respecto del administrado: nociones generales; ejecucion forzosa; responsabilidad patrimonial; responsabilidad administrativa.CAPITULO SEPTIMO. revision de la actuacion administrativa.1. los procedimientos administrativos de revision: la revision de los actos administrativos; limites de la revision.2. revision los de actos nulos: nulidad de los actos; requisitos; procedimiento.3. recursos administrativos: los recursos administrativos en general; el recurso de alzada; recurso de reposicion previo al contenciosoadministrativo; recurso de revision.CAPITULO OCTAVO. Control jurisdiccional.1. Control por los tribunales de distintos ordenes jurisdiccionales: nociones generales; control por los tribunales del orden jurisdiccional civil y laboral; tribunales del orden jurisdiccional penal; jurisdiccion militar; tribunal Constitucional; tribunales del orden jurisdiccional contenciosoadministrativo.2. sujetos del proceso administrativo: organo jurisdiccional; el Ministerio Fiscal; las partes.3. objeto del proceso administrativo: pretension procesa; actuacion administrativa en relacion a la que se formula la pretension; oposicion a la pretension; pluralidad de objetos.4. Procedimiento en unica o primera instancia: nociones generales; diligencias preliminares; iniciacion del proceso; fase de alegaciones; fase de conclusiones; terminacion.5. efectos del proceso: eficacia juridico-procesal; eficacia juridico-material; efectos economicos.6. recursos procesales: nociones generales; la suplica; la apelacion; la casacion ordinaria; la casacion para la unificacion de doctrina; la casacion en interes de la ley; la revision.7. Procesos especiales: nociones generales; proceso para la proteccion de los derechos fundamentales; cuestion de ilegalidad; proceso en los casos de suspension de acuerdos en via administrativa.

En está nueva edición se recoge toda la jurisprudencia de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y la más significativa del Tribunal Constitucional y de la Sala de los civil, y se ha incorporado todas las ciertamente numerosas aportaciones doctrinales sobre el tema.

La amplitud con que se reconoce la responsabilidad objetiva de las distintas Administraciones públicas en el Ordenamiento jurídico español ha dado lugar a tal número de reclamaciones, que, aparte del aumento de la carga de trabajo ya considerable que soportan nuestros Tribunales, ha determinado condenas de pago tan cuantiosas que ha llegado a considerarse insostenible el mantenimiento del regimen juridico vigente por un importante sector de la doctrina, cada dias mas extenso. Esta obra es un trabajo elaborado sobre la jurisprudencia, y estructurado en un sistema que permita el mas facil acceso al tratamiento que en ella se da a la cuestion que en cada caso se nos plantea. Desde la edicion anterior, son muchas las sentencias dictadas desde entonces, unas reiterando doctrina ya consolidada, y algunas innovadoras. Se ha procurado recoger todas las publicadas hasta el momento de cerrar la edicion, las ultimas al corregir las pruebas, mas o menos resumidas y a veces literalmente las de mayor trascendencia. No solo las sentencias innovadoras, sino aquellas que reiteran doctrina consolidada, al permitir confirmar la continuidad, eliminando buena parte de las anteriores, no caracteristicas, que no tenia sentido mantener en el texto. Como en ediciones anteriores, cierran la obra unos completos indices sistematicos de las disposiciones legales, de sentencias -del TC, y de la Sala de lo civil, de lo penal y de lo contencioso-administrativo-, asi como de autores citados, para terminar con el indice analitico, notablemente aumentado.

La corrupción constituye sin duda alguna la más grave de las lacras de la sociedad de nuestros días, manifestación de la degradación de los valores morales en los que toda una civilización falta de valor moral amenaza con derrumbarse. Estamos, por tanto, ante una de esas crisis totales de las que solo se sale con una radical renovacion personal y social y no con normas juridicas. Lo que en modo alguno supone que hayamos de cruzarnos de brazos. Ni que despreciemos los esfuerzos de los Estados y Organismos internacionales para superar tan grave situacion. Jesus Gonzalez Perez que hace años se ha preocupado por la moralizacion de la vida publica nos ofrece en la primera parte de este libro un panorama del fenomeno de la corrupcion: su extension, causas y reacciones a que dado lugar, tal y como se han proyectado en los Ordenamientos juridicos. Se trata con mas detalle que en la edicion anterior los Ordenamientos supraestatales, en especial de las Convenciones ratificadas por España, los Ordenamientos de los Estados hispanoamericanos y, preferentemente, de la Union europea. En la segunda parte se estudian las exigencias de la etica para intentar regenerar la vida publica y hacer una Administracion publica que, no solo no suscite la desconfianza y el rechazo de los ciudadanos, sino que pueda servir de ejemplo a las actividades privadas, sin limitarse a sancionar el nauseabundo mundo de la corrupcion y recordar otros elementales valores. Termina esta parte con dos capitulos, uno dedicado en general a las medidas legales para garantizar un comportamiento etico y otro a las medidas represivas. Si en la segunda parte se contemplaba la Etica como exigencia de conducta de todos y cada uno de los servidores publicos, la tercera y ultima incluye una serie de trabajos en los que la Etica aparece como fin de algunas de las actuaciones administrativas en las que con mas frecuencia se contraviene, como El matrimonio entre personas del mismo sexo; El derecho a contraer matrimonio en la jurisprudencia del Tribunal europeo de derechos humanos y La proteccion de la salud sexual, en la que se estudian algunas de las cuestiones que plantea la LO 2/2011 de 3 de marzo llamada de salud sexual y reproductiva y de la interrupcion voluntaria del embarazo.

Esta tercera edición de los Comentarios a la Ley del Suelo -que arrancaron con la aprobación de la Ley 8/2007, que por vez primera escribí junto con otros colaboradores- incorpora a la obra las últimas novedades tanto legislativas como jurisprudenciales y doctrinales que han aparecido tras la segunda edicion de estos Comentarios. Tras superarse lo mas crudo de la crisis inmobiliaria consideramos necesario reflejar las modificaciones al texto refundido de la Ley del Suelo que se han producido sobre todo por la Ley 8/2013 de rehabilitacion, regeneracion y renovacion urbanas, asi como reflejar el impacto de la sentencia 141/2014, de 11 de septiembre, del Tribunal Constitucional, que ha sido en todo caso menor del que se esperaba, sobre todo por quienes hemos sustentado opiniones criticas sobre el actual marco legal estatal urbanistico. Precisamente las criticas se han acentuado en la regulacion sobre valoracion del suelo y en lo que se refiere a este apartado la presente obra recoge las aportaciones del Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo (RD 1492/2011, de 24 de octubre), que no fue posible incorporar en la segunda edicion, que en parte mitiga alguno de los defectos de la Ley. Esta tercera edicion ha procurado reducir las referencias jurisprudenciales que en gran numero estaban presentes en las anteriores ediciones, manteniendo solo las mas relevantes en beneficio de una lectura mas dinamica del texto sin que este haya visto mermado su indudable valor como obra de referencia tanto para los teoricos como los practicos del Derecho.

En pocas materias se han producido tantos procesos como en la de responsabilidad patrimonial de la Administración pública. La amplitud con que se reconoce la responsabilidad objetiva de las distintas Administraciones publicas en el ordenamiento juridico español ha dado lugar a una jurisprudencia en general prudente, que no tuvo mas remedio que acabar por proyectar en sus decisiones sus preceptos.En esta situacion, es imprescindible para todos aquellos que vienen obligados a aplicar esta normativa comun, conocer hasta donde ha llegado la jurisprudencia, al decidir cada caso concreto y los criterios seguidos, frecuentemente cambiantes. Lo que supone seguir dia a dia las sentencias que dictan nuestros Tribunales de lo contencioso-administrativo, y la reaccion de la doctrina ante ellas.Esta obra ha tratado desde un principio facilitar aquella tarea. Por eso es un trabajo elaborado sobre la jurisprudencia, y estructurado en un sistema que permita el mas facil acceso al tratamiento que en ella se da a la cuestion que en cada caso plantea.Desde diciembre de 2012, fecha en que aparecio la edicion anterior, son muchas las sentencias dictadas desde entonces, unas reiterando doctrina ya consolidada, y algunas innovadoras. Se ha procurado recoger todas las publicadas hasta el momento de cerrar la edicion, las ultimas al corregir las pruebas.Tambien han aparecido en este ultimo año obras importantes o ediciones innovadoras de otras anteriores. Se han contrastado las opiniones en ellas mantenidas, a fin de que el lector pueda tener una idea lo mas completa posible del panorama actual de la doctrina.

Acaba de aparecer una nueva edición, la octava, de los Comentarios a la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa, de Jesús González Pérez. El texto primitivo ha sido objeto de una revisión tan meticulosa que, realmente estamos, ante un libro nuevo. Los Comentarios eran criticos, excesivamente criticos con la Ley comentada. Como excesivos habian sido los elogios a la incidencia de la Constitucion de 1978 en la Justicia administrativa y excesivos los defectos que muchos veian en la Ley de 1956. La confrontacion al comentar cada articulo de la Ley vigente con el correlativo de la de 1956 y la referencia a la jurisprudencia interpretativa de una y otra venia obligada por el caracter practico de la obra, ya que durante el largo periodo de transitoriedad, ibamos a tener que aplicar ambas. En las ediciones sucesivas, se fueron eliminando las referencias a la Ley anterior y la critica fue reducida a sus justos limites. La referencia a la jurisprudencia fue objeto de importantes modificaciones en cada edicion. Por un lado, se ha eliminado toda la que iba perdiendo vigencia. Y la referencia a las que se iban dictando cada vez fue mas selectiva, reduciendo la transcripcion de los textos, salvo las mas significativas a titulo de ejemplo y las mas recientes en los puntos indispensables para llegar al sentido de la norma. Si al preparar las ediciones sexta y septima habian sido muchas las modificaciones introducidas en la Ley, obligando a una cuidada revision, al acometer la tarea de redactar esta octava edicion las modificaciones han superado las de entonces en numero e importancia. No solo se han creado nuevos procesos especiales, como los que tienen por finalidad garantizar la unidad de mercado (Ley 20/2013) y declarar judicialmente la extincion de los partidos politicos (Ley 3/2015) y se ha modificado sustancialmente el sistema casacional (LO 7/2015 de modificacion de la Ley Organica del Poder Judicial). En el BOE del 2 de octubre de 2015 se han publicado dos leyes del anterior dia 1, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, y de Regimen Juridico del Sector Publico, que es ineludible tener en cuenta por su incidencia en la regulacion contencioso-administrativa. Por lo que se ha extremado la preocupacion por evitar omisiones. Con el fin de que estos Comentarios sean realmente los del ordenamiento vigente regulador del proceso administrativo.

Manual con los contenidos de la asignatura"Introducción a la Geometría Diferencia Intrínseca"en la Universidad Autónoma de Madrid. Se estructura en tres partes: las diferentes formas del espacio, el lenguaje de la Geometria Diferencia y tipos de geometrias en el espacio.

Honor y libertad de información. Encuadernación: Rústica semirrígida y cubierta gris. Edición de 1993.